¿QUE Y CUANTAS SON LAS PYME?
La cuantificación de la problemática – sectorial y
regional - en materia de las denominadas Pequeñas y Medianas Empresas es como
mínimo engañoso y las estadísticas que se conocen y publican no dan nunca
cuenta de una primera realidad insoslayable: por un lado la fragilidad de su
estructura de capital y, por otro, la
altísima dispersión en materia de competitividad, tanto en lo que respecta a la
propia como a la externa, motivado en el impacto diverso que la política
pública tiene sobre el desempeño PYME.
Debe tenerse presente que el 98% de las empresas PYME son
de capital nacional. Este aspecto es fundamental para poder valorar su
compromiso y responsabilidad frente a las políticas públicas. Negarles la
participación o directamente ignorarlas pone en evidencia cuáles son los
intereses prioritarios de quienes las discriminan e ignoran.
Pero para acentuar más éste rasgo, debe destacarse que no
sólo en materia de estructura del capital la tipología PYME señala un
comportamiento “unipersonal” sino que, adicionalmente, en un gran número de casos,
el Empresario forma parte activa de la “planta de personal”.
En términos generales, en las PYME el 84% de los que
trabajan en ellas son trabajadores asalariados con contratos por tiempo
indeterminado, el 10% son los propios empresarios que trabajan en las empresas
ejecutando tareas productivas (sean especificas o en el ámbito de la gestión)
y el resto de los trabajadores (6%) se computan entre temporarios, pasantes,
personal de agencia y familiares del titular.
La dispersión dentro del “universo PYME” se expresa en la
convivencia de empresas exportadoras (sea
a mercados regionales como otros mercados más remotos y sofisticados)
capaces de plantearse la problemática del “mercado nacional” con PYMES
dedicadas exclusivamente a nichos de mercado interno en los cuales cumplen
roles subordinados y cuya productividad es muy limitada por la falta de
capacidad inversora tanto como expresión de un conjunto de debilidades
derivadas de la espontaneidad de su desarrollo como por la propia ausencia de
una política pública que incentive y promueva la inversión.
Estos rasgos, escasamente reflejados por las
estadísticas, son sólo ejemplos de una heterogeneidad que requiere no sólo un
conocimiento cuantitativo sino primero un conjunto de especificaciones conceptuales
que permitan definir “tipologías” que faciliten primero el correcto diagnóstico
y el desarrollo de propuestas de política pública que puedan generar impactos
que contribuyan a satisfacer los objetivos empresarios pero también los
objetivos estratégicos de una política de desarrollo nacional.
En
éste sentido las “estadísticas” que se reclaman para dar “mayor sustento y
fundamento” a los diagnósticos que se formulan resultan imprescindibles pero
no reflejan ésta marginalidad y éste “olvido”.
Un
supuesto fundamental es necesario dejar claramente expresado. Cuando nos
refiramos a ellas no debemos olvidar que reflejan muestras y que esas
muestras no reflejan de modo completo los problemas o, más bien, podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que esas estadísticas reflejan del modo más
incompleto la realidad de las PYME.
Un
aspecto adicional es que, para muchos, la falta de elementos cuantitativos
resta contundencia a lo que se desea reflejar. Tal tipo de afirmación nada dice
sobre la falta de información oficial relevante en materia de PYMES. Más aún,
la Secretaría PYME desarrollaba un denominado Mapa PYME que en lugar de
profundizar y mejorar su calidad informativa, lo ha discontinuado.
No
obstante lo expuesto, repasemos algunos números para tratar de especificar la
naturaleza y características de la cuestión que abordamos
Las
estadísticas oficiales señalan que sólo el 0,13% de los locales (ámbito en los
cuales se desarrolla un actividad productiva sea industria, comercial,
agropecuaria o de servicios) corresponde a Grandes Empresas mientras que el
99,87% entra en la categoría Micro, Pequeña o Mediana Empresa.
Esta sola demostración bastaría para fundamentar su
importancia. Pero no es menor la manifestación de sustentabilidad de las PYME.
En todas las provincias más de la mitad de las PYME
fueron creadas antes de la crisis del período 1998-2001 y un alto número de
ellas han sido testigos –y porque no sobrevivientes – de todos los fallidos
ensayos de políticas públicas que llevaron a la Nación Argentina a la cesación
de pagos, al aislamiento internacional en materia financiera y a eclosión
económica, productiva y social.
En éste punto vale la pena hacer referencia a un aspecto
no abordado por las estadísticas oficiales. La creación de nuevas empresas, su
natalidad, mortalidad y las condiciones en las que se promueve o no el “emprendedorismo”,
es decir, el fomento de la actitud y decisión emprendedora de nuevos proyectos
empresarios que garanticen la sustentabilidad general del desarrollo
económico.
Estas nuevas Empresas que en general se sitúan en la franja
de “micro empresas” resulta una corriente de “aire fresco” y en general son
desarrolladas por la franja más joven de la sociedad. Se estima que el 70% de
las empresas que “nacen” son desarrolladas por la franja etaria que va entre
los 18 y los 35 años. Sin embargo, y sólo a modo de ejemplo, el Poder
Ejecutivo no reglamenta y pone en ejecución de modo efectico la Ley 25.872
“Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven”.
El diseño, desarrollo e implementación de nuevas empresas
–sobre todo aquellas que promueven los jóvenes – forma parte de una estrategia
de desarrollo económico que como nunca pone en evidencia la interrelación
sistémica de la educación, el empleo, la innovación, el financiamiento y la
asistencia técnica con el desarrollo y fortalecimiento de las PYME, entre otras
cuestiones.
Un aspecto relevante que pone en evidencia la dinámica de
las PYME es su capacidad exportadora. En general, sin fomento ni promoción
alguna, con el tratamiento que se le da a las grandes Empresas, las PYME han incrementado
sus exportaciones en los últimos 8 años en un 131% con una característica que
las diferencia y distingue: sus exportaciones son todas Manufacturas de Origen
Industrial (MOI)
En materia de empleo registrado, las PYME representan el
55% de los trabajadores registrados. Es por eso que surge la pregunta de modo
natural: ¿Por qué se las ignora cuándo deben diseñarse instrumentos como la Ley
de Riesgos del Trabajo por ejemplo?
Se señala a las PYME como las que mayor número de
asalariados no registrados contratan. No está demostrado, pero, si esto fuese
así, ¿Por qué no se las consulta acerca de las dificultades que manifiestan
como modo de desarrollar un Programa de Regularización del Trabajo que aporte
constructivamente a resolver de modo definitivo el problema?.
Los supuestos resultan prejuicios cuyo único objetivo es
la discriminación negativa de las PYME.
Así,
las “cifras” resultan engañosas y no dan cuenta de la histórica mora en materia
de políticas de desarrollo y fortalecimiento para las PYME que el Estado –en
sus diversas jurisdicciones y expresiones – sostiene sin dar muestra alguna de
vocación, comprensión y decisión para transformar y consecuentemente reparar
éste “olvido”.
Las PYME se constituyen en actores
fundamentales más allá de su importancia estratégica en términos económicos.
Son las PYME las que proveen los límites a las pulsiones de centralización y
concentración que desarrolla el capitalismo con la consiguiente pérdida de
calidad institucional.
UNA
DEMANDA ESTRATEGICA
En
momento en que una crisis de dimensiones aún no mesurables que demanda no sólo
creatividad, imaginación y capacidad de decisión no puede percibirse –aunque
la PYME ya lo visualiza- que el resultado final será una mayor concentración y
centralización no sólo económica sino que también política que habrá de
contrastar con una altísima dispersión social y que ésta tensión entre lo
económico-político y lo social tiene a las PYME como protagonistas en la
articulación de la resolución de las tensiones que YA se están manifestando.
A lo largo de los 25 años transcurridos desde el inicio de una nueva etapa para
la convivencia y el desarrollo democrático en la Argentina ninguna política
pública estuvo dirigida a consolidar la alianza estratégica de los sectores
populares mayoritarios con las PYME.
Lo que se diseño y ofreció a las PYME no fue nunca más allá de un subsidio y
más aún, cuando las encuestas reflejan la baja utilización o el alto
desconocimiento de los instrumentos que se diseñan para ella queda expuesto el
divorcio –o mutua indiferencia- entre las PYME y las fuerzas políticas
populares.
La mesa de la consulta, del diálogo y del consenso no está preparada para las
PYME. Las sillas dispuestas están asignadas a los sectores más concentrados de
la economía y sus representantes. No se promueve su vitalidad y reproducción,
sino que la deja librada a su propia suerte.
Prueba
de ellos son los frustrados intentos de concertación social a los que las
fuerzas políticas convocan. Los actores más concentrados de la economía figuran
siempre como primeros y únicos convocados en detrimento de las PYME a las que
con diversos argumentos se las excluye de modo manifiesto.
Los
fracasos en la concertación social tienen componentes complejos, pero si uno es
relevante es, precisamente, la discriminación de las PYME que junto a los
trabajadores constituyen el “núcleo estratégico” de los posibles acuerdos
exitosos.
Es
así que una primera acción en materia política debe ser la inclusión de las
PYME en sus propuestas y proyectos no sólo en términos nominativos-decorativos
sino activos y que impliquen la presencia activa de éstas en el ámbito de las
decisiones. Lo repetiremos una y otra vez: estamos de acuerdo en que sin Industria
no hay Nación, pero estamos absolutamente convencidos que sin PYMES la
sustentabilidad de las políticas no sólo industriales, sino en materia de
comercio, producción agropecuaria y servicios que se diseñen en pro de la
construcción de la Nación no serán sustentables en tanto serán portadoras de
una debilidad de diseño que más pronto que tarde habrá de dejar expuesta una
asimetría que finalmente llevara a la ruptura.
Una política de Desarrollo Nacional que excluye a las PYME de los ámbitos de
decisión y que sólo ofrece “nuevas formas” (denominadas “cadenas de valor”) de
participación de las PYME en la producción no es más que la convalidación de
“status quo” funcional a las necesidades de las formas más concentradas del
capital y que, cuando éste produce las crisis, rupturas o mutaciones, siguiendo
su propia dinámica, son las PYME junto a los trabajadores las que quedan
marginadas y sin respuesta.
Suponer
que “hacer política PYME” es reforzar los lazos de dependencia funcional a la
concentración y centralización del capital es desconocer un rasgo fundamental
que portan las PYME: su capacidad de innovación, de internalización de nuevos
productos, materiales y procesos.
Para
ello, esas “nuevas formas” de “asociativismo a la fuerza”, que pretenden el
logro de una eficiencia mal entendida en materia de diseño de políticas
públicas que se refleja en la pretensión de “englobar” lo que se supone son
problemáticas “comunes” resultan sólo funcionales a los intereses de los que
sólo pretenden utilizar a las PYME para poder externalizar sus ineficiencias
trasladándole a las PYME la absorción de pérdidas y atrasos tecnológicos.
La
PYME sí requiere asociatividad, sí demanda participar y aportar a la mejora del
sector en que participa, sí puede convertirse en una actor protagónico de la
innovación, de la incorporación de diseño y de nuevos materiales y procesos,
pero DEBE hacerlo simultáneamente con la obtención de un esquema de rentabilidad
que le permita ser también activo protagonista del proceso de acumulación de
capital y no parte de la claqué .
Tras 28 años de democracia, las Pequeñas y Medianas Empresas requieren no sólo
una política de promoción o fortalecimiento, un funcionario más o menos
especializado como responsable de la Agencia Gubernamental, o un subsidio más
o menos ágil en su gestión. Las PYME
demandan de modo urgente:
1. El espacio imprescindible que deben
ocupar como reaseguro para la convivencia democrática junto a decisiones políticas
sustantivas que garanticen la inclusión y participación de las Pequeñas y Medianas
Empresas en materia de los debates y decisiones de planificación, diseño e
implementación de las políticas públicas, fundamentalmente en aquellas que
reúnan condiciones de especificidad en materia de desarrollo económico y
social.
2. Políticas Activas que
permitan el desarrollo y fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas
orientadas a mejorar e incrementar la competitividad dentro del mercado
nacional como su mayor inserción en el comercio internacional.
LA PROBLEMÁTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Simultáneamente, o como consecuencia de lo que venimos
señalando, las Pequeñas y Medianas Industrias se debaten cotidianamente en una
realidad cuyos rasgos salientes son:
1. Aumento
de los costos de producción (costos salariales, materias primas e insumos, tarifas
de energía eléctrica y gas, presión tributaria, incertidumbre en materia de
importación de insumos).
2. Alta
participación de los impuestos en el costo final, fundamentalmente por el
incremento de la presión tributaria tanto a nivel nacional, provincial y
municipal (que se expresa en un sistema de tasas que no difiere a un sistema
tributario autónomo).
3. Un
sistema tributario que no alienta ni promueve la inversión.
4. Disminución
de la rentabilidad operativa de la
Empresa.
5. Desplazamiento
de la producción nacional por la importada.
6. Falta
de instrumentos de financiación adecuados (costos y plazos) y dificultades de
acceso a los existentes.
7. Dificultades
y costos crecientes en materia de regulaciones laborales. Lo que incluye los
nulos avances en el desarrollo consensuado de un nuevo marco normativo para el
infortunio laboral (ART).
8. Dificultades
para acceder a fronteras tecnológicas de última generación.
9. Los
avances en materia de control ambiental y el diseño de un marco normativo
tendiente a proteger las condiciones ambientales es imprescindible. No obstante,
las PYME observamos como, día tras día, el Estado Nacional y Provincial avanzan
en la materia generando nuevas amenazas para las PYME sin desarrollar políticas
e instrumentos que permitan a las PYME afrontar el pasivo ambiental por el que
se les reclama.
10. La
inflación y su impacto tanto en las conductas sociales como en sus aspectos
productivos es una preocupación de singular importancia sobre todo cuando
observamos la falta de una clara política económica que la combata.
LAS
CUESTIONES URGENTES
Cuestiones fiscales
ä
Regularizar, en forma inmediata, los pagos de los
reintegros, devoluciones y compensaciones.
ä
Simplificar los procedimientos y regularizar la entrega
de los bonos fiscales derivados de los Programas que así lo contemplan (Bs de
Capital, Capacitación, etc)
ä
Implementar la devolución automática y/o compensación de
los saldos técnicos de IVA.
ä
Implementación de un régimen unificado de retenciones y
percepciones que contemple los impuestos nacionales, provinciales y los de nivel
local
ä
La vigencia de obligaciones
fiscales de tipo “patrimonial” tales como el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en
Cuentas Bancarias y otras Operatorias; Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales, Anticipos del Impuesto a
las Ganancias, entre otros continua poniendo en evidencia la existencia de una
estructura tributaria no compatible con la Producción y el
Trabajo.
ä
Más aún, los propios estudios de la AFIP señalan que entre aportes y contribuciones a la seguridad social,
Ganancias, IVA y otros gravámenes, como Ingresos Brutos o Combustibles, los
trabajadores dejan la mitad de su remuneración bruta como aportes al Estado en
sus diversos niveles, lo que da cuenta del carácter regresivo de la estructura
impositiva.
ä
La
sistemática oposición del Estado Nacional al uso del mecanismo de ajuste por
inflación en el impuesto a las Ganancias a pesar que la inflación es pública y
notoria, implica recaudar más allá de la capacidad contributiva y pone de
manifiesto la perversión de la política fiscal. Se celebran los incrementos de
recaudación y se exhiben los record originados en la inflación, pero se niega
a las Empresas la aplicación de los mecanismos, que la Constitución Nacional
prevé para casos como éstos. Aunque de modo impreciso, el fallo “CANDY” de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha reconocido entidad a la cuestión.
ä
El daño que
se genera cuando tiene que amortizar bienes de uso o cuando obtiene resultados
de capital por venta de activos no corrientes (inversiones, bienes de uso e
intangibles) o cuando, pretende computar quebrantos impositivos de ejercicios
anteriores impacta directamente en la competitividad y pone límites a los
planes de inversión en tanto las amortizaciones acumuladas no guardan relación
alguna con los valores de los bienes de uso a reponer.
ä
En estas circunstancias las
PYMI nos preguntamos, ¿puede desarrollarse un mercado interno consistente y
sustentable, renovar, ampliar y modernizar el aparato productivo con
inversiones, que permita introducir nuevos productos, diseños y materiales, y
simultáneamente desarrollar nuevos mercados en el exterior con ésta estructura
tributaria?
ä
Es imperativo, en nuestra
visión, desarrollar una reforma
tributaria profunda que de lugar a una estructura tributaria que
responda a la necesidad de contar con un mercado interno que haga sustentable
para las PYMI la ampliación de los mercados, la incorporación de tecnologías y
la creación de nuevos y mejores empleos.
ä La reposición del Impuesto a los Ingresos Brutos,
aunque se declare que la imposición será sólo a las grandes empresas, afecta a
las PYME de modo inexcusable en tanto se trata de un impuesto con efecto
“cascada”. Las empresas involucradas de
modo directo son las denominadas “formadoras de precio” y nada ni nadie evitará
que ese nuevo impuesto sea trasladado a sus costos de producción y transferido
vía precios a las PYME, con alta probabilidad de tener que absorberlo
acentuando aún más la caída de la rentabilidad.
Pero este impuesto promueve la importación, dado que los productos
importados sólo pagan el Impuesto al momento de su nacionalización, mientras
que la producción nacional lo ve reflejado a lo largo de toda la cadena de
valor.
Simultáneamente, como la provisión de insumos de “extra jurisdicción”
quedará alcanzada en su totalidad,
independientemente del volumen de facturación, y en tanto la Provincia de Buenos
Aires no es la fuente de origen único de los insumos y materias primas
involucradas en la producción, la
PYME recibirá un nuevo impacto en la presión tributaria
provincial afectando aún más su rentabilidad o en la medida que el mercado lo
convalide, trasladándolo a precios y convalidando presiones inflacionarias no
deseadas y que rechazamos por su impacto en la calidad de vida y en el
bienestar general.
ä
Mediante las maniobras
interpretativas más sagaces y el diseño más creativo de los alcances de su acción,
los Municipios han convertido el sistema de cobro de tasas, es decir el precio
por la contraprestación de un servicio, en un nuevo sistema tributario de base
municipal que parece ser indiferente a las decisiones judiciales sobre su
inconstitucionalidad y que toman la forma de verdaderas “aduanas interiores”.
Señalamos la necesidad de reponer
las tasas municipales al valor del costo de la prestación de los servicios,
siempre y cuando éstos se presten o no contradigan otros prestados y regulados
por otras jurisdicciones.
ä
El abandono por parte del
Poder Ejecutivo Nacional del Proyecto de Ley
de Capitalización del Impuesto a las Ganancias es una señal negativa
para las expectativas empresarias PYMI y
pone en evidencia que las “razones de la recaudación” son más
importantes que “las razones de la producción”.
Cuestiones laborales
ä
La ausencia de las verdaderas
representaciones PYMI en las negociaciones colectivas de los gremios
industriales esta generando una estructura salarial que no se consisten con la
realidad de las PYME. Alentados por el Poder Ejecutivo Nacional “cierran”
acuerdos nominales cuyo único objetivo es mostrar la funcionalidad política de
los dirigentes. Los resultados reales de la negociación en términos salariales
y de condiciones resultan impracticables para una PYMI que debe enfrentar
simultáneamente aumentos de costos y la creciente presión tributaria.
ä
Los fallos judiciales conocidos
en los últimos tiempos están generando una suerte de “nuevo derecho laboral”
que avanza conforme la libre interpretación de los magistrados en causas
particulares pero que ponen en juego el interés general.
ä
Estas metodologías judiciales
generan incertidumbre y nada aportan a la construcción de un derecho laboral
que refleje los verdaderos intereses de la comunidad. En ningún caso el derecho
laboral debe ser construido desde la magistratura y por la vía de la creación
de jurisprudencia. La Justicia
está para corregir desvíos, fallas o interpretaciones específicas. Pero deben ser los órganos específicos del
Estado quienes – a través del diálogo y la participación – produzcan las
correcciones, ajustes, modernizaciones o incorporación de situaciones nuevas
que en la dinámica de las relaciones laborales surjan. Los jueces no
pueden convertir la magistratura en sede legislativa, si así fuese, algo no
funciona bien en órganos estatales: la Justicia y el Congreso.
ä
Sin embargo, lejos de buscar
consensos para el desarrollo de una legislación que contemple de modo
simultaneo los intereses y necesidades de cada uno de los actores, un grupo de
legisladores están intentando reponer un conjunto de normas laborales que
lejos de contribuir a resolver los problemas de empleo, producen incertidumbre
y generan más dudas que certezas en relación a la generación de nuevos
empleos.
ä
Los Pequeños y Medianos
Industriales no nos oponemos a la mejora continua del ambiente y de las condiciones
laborales (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo -CYMAT). El desarrollo de
las relaciones laborales posee una dinámica tal que requiere un análisis
complejo. Otorgar más y mejores derechos de modo unilateral y haciendo uso de
mayorías legislativas que responden a intereses corporativos y no a los de la
sociedad en su conjunto adquiere forma de revancha y no de aporte responsable
al necesario progreso social.
ä
Una reforma de la CYMAT consistente y sustentable no puede evitar
la cuestión de la competitividad industrial a escala internacional. Ignorar estas cuestiones y otras que hacen a la
necesidad de desarrollar instrumentos legales que permitan la inclusión en el
mundo del trabajo de millones de argentinos excluidos desde hace muchos años
de el, hará que las supuestas “mejoras” que se pretenden sólo lleguen a una
minoría específica sin llegar a resolver los problemas de empleo que la
sociedad tiene.
ä
Un aspecto que esta generando
un alto grado de incertidumbre y que es motivo de un incremento importante en
el incremento de los litigios laborales se genera por la manifiesta
inviabilidad de la Ley de Riesgos del Trabajo
ä
Tanto para las Pequeñas y
Medianas Industrias como para los trabajadores resulta imprescindible contar
con un sistema eficiente, eficaz y sustentable que atienda las consecuencias de
los infortunios, provea adecuados cuidados y, en caso de muerte, atienda de
modo debido a los familiares o derechohabientes. Para las Pequeñas y Medianas
Industrias no es una mera cuestión de costos, sino de la protección adecuada
de sus trabajadores.
En tal sentido entendemos que:
- Debe establecerse la “universalidad” en el
pago de las primas. Los costos del sistema deben ser soportados por
TODOS, sin exclusiones de ningún tipo.
- El accidente denominado “in itinere” debe ser
cubierto por el sistema de seguridad social y en ningún caso por el
empleador toda vez que carece de responsabilidad y control sobre la
causalidad
- Debe federalizarse y hacerse más ágil y
accesible el sistema de Comisiones Médicas
- Las ART deben asumir, dentro de las alícuotas
que se abonan mensualmente, el costo de los servicios de higiene y
seguridad laboral como parte de las acciones de prevención.
- En relación con el proyecto de establecer
Comités Mixtos –que es un reclamo de la CGT – la UIO señala no estar de
acuerdo en tanto tal modalidad implica la elección de un Delegado avocado
de modo EXCLUSIVO a la cuestión de riesgos del trabajo. La baja de
siniestralidad no se verifica por una solución cuyo único fin es la
ampliación del poder sindical dentro de las empresas que deviene en demandas
permanentes de flexibilidad disciplinaria por no cumplir normas de
seguridad, demandas de inversiones inocuas o caprichosas en materia de
seguridad y nula responsabilidad al momento del infortunio
- La reglamentación del Seguro por parte de la
Superintendencia de Riegos de Trabajo debe precisar la cuestión de la
Responsabilidad Solidaria de las ART de modo tal de evitar el desarrollo
de estrategias judiciales o de negociación de los infortunios cuyos
mayores costos recaen sobre el PYMI. La limitación de la solidaridad solo
debe operar cuando a la Empresa se la haya condenado por dolo. Es por ello
que los costos del responsable de Higiene y Seguridad deben ser soportados
por la ART a efectos de evitar contradicciones que finalmente implican
mayores costos empresarios
·
Debe darse estricto
cumplimiento al artículo 12º del Decreto 1694/2009 que indica:
·
Reducir los
costos del sistema de la Ley
sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus modificaciones, sin por ello afectar
la calidad del servicio brindado a los trabajadores.
- Adoptar los recaudos necesarios para que las
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART), en el diseño de su régimen de
alícuotas, ajusten su configuración a los indicadores contenidos en el
artículo 24 de
- condiciones favorables para su acceso por
parte de las pequeñas empresas y
- evitando cualquier tratamiento diferenciado
en su perjuicio.
·
De ningún
modo deben convalidarse nuevas Pólizas de Seguro que intenten completar las de
Riesgos de Trabajo. La reciente creación de una Póliza de Responsabilidad
Civil por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Res.
35.550/2011) genera nuevos costos y habrá de profundizar la situación litigiosa
en materia de accidentes de trabajo.
ä
Pero a su vez, la legislación
a diseñar debe incluir a los trabajadores desocupados que no pueden acceder a
empleos decentes porque o bien poseen problemas en las condiciones
psicotécnicas o padecen enfermedades que los marginan en los preocupacionales o
poseen algún antecedente personal que los excluye. Debe incluir alguna solución legal que permita a las Empresas
recontratarlos generando una política de inclusión social de singular trascendencia.
ä
Entendemos entiende que deben
desarrollarse adecuadas estrategias que permitan incorporar al trabajo a
jóvenes, mujeres y desplazados del mercado laboral. Para ello es necesario desarrollar:
- Programas de Fomento y Mantenimiento del empleo
formal que contemplen las especificidades regionales y pongan especial
énfasis en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes ante el primer
empleo
- Programas de Fomento e Inclusión en el empleo de
Mujeres y Adultos
- Programas de reentrenamiento de trabajadores
desocupados en particular los afectados por los cambios tecnológicos o
estructurales de la cadena de valor.
- Programas ágiles y de sencilla implementación de
protección del empleo ante situaciones de crisis.
- Simplificación de los requisitos pre ocupacionales
en materia de riesgos del trabajo para facilitar la recontratación de
trabajadores desocupados
Estos Programas deberán contemplar la acreditación como pago a cuenta de
IVA los aportes y contribuciones patronales a la seguridad social
La financiación de las Pequeñas y Medianas
Industrias
El financiamiento a las
Pequeñas y Medianas Industrias es una cuestión estructural que debe ser
analizada y resuelta con urgencia.
El crédito
productivo, es decir el que permite renovar, ampliar o modernizar la estructura
de producción, destinado a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) sigue
mostrando sus limitaciones, tanto en calidad como en cantidad. Las declaraciones sobre incrementos de las
financiaciones bancarias sólo se refieren a créditos de consumo y a descuento
de documentos (descubierto). No resulta posible llevar adelante planes de
renovación o ampliación de la producción financiada con descubierto bancario a
tasas que bordean la usura.
Por otra parte, algunas de las soluciones diseñadas
para facilitar el acceso, como el Sistema de Garantías Recíprocas (SGR), no
abarata ni simplifica el crédito de un modo que marque una diferencia
sustantiva entre la “situación sin” con la “situación con”.
Finalmente el denominado “mercado de capitales”
puede convertirse un instrumento eficiente para financiar proyectos de las Pequeñas y Medianas Industrias que debe ser
potenciado. Para ello se hace imprescindible alinear la definición de PYME
generada en la SSEPYME con la definición establecida por el Ente Regulador del
Mercado de Capitales (Comisión Nacional de Valores) de modo tal de ampliar la
participación y facilitar el acceso de las PYME a esas oportunidades de
financiación.
En materia de financiamiento proponemos:
·
Desarrollar un Programa de
Redescuentos del Banco Central de la República Argentina con destino al
financiamiento de PYMES, tanto para capital de trabajo como para la inversión
productiva y la expansión de la oferta.
·
El PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
PRODUCTIVO DEL BICENTENARIO debe tener carácter permanente y permitir que el
sistema de garantías reales que se exige no opere como un limitante a su implementación.
El acceso a la financiación debe darse en función del Proyecto y no de las
garantías.
·
Ampliar el Programa FONAPYME a
la totalidad de los sectores y transformarlo en una “ventanilla continua”
(ahora es por llamado periódico que en el mejor de los casos es cada 5 meses).
Mejorar y facilitar las condiciones de acceso y el régimen de garantías.
·
Fortalecer las Sociedades de
Garantías Recíprocas y facilitar y simplificar las condiciones de accesibilidad.
·
Implementar un Programa de
capitalización del Impuesto a las Ganancias destinado a proyectos de inversión
productiva o expansión de la oferta destinado exclusivamente a PYMES
·
Orientar, nuevamente, los
fondos excedentes de la ANSES, por sus características, hacia la inversión de
largo plazo y proyectos con alto contenido de innovación tecnológica,
productiva o de gestión.
·
Desarrollar un Régimen de
deducción de intereses sobre capital propio cuando éste se aplique a programas
de inversión productiva o expansión de la oferta. Implementar un régimen
especial de reinversión de utilidades para PYMES
·
Creación de una banca
especializada en materia de Proyectos de Inversión, reequipamiento productivo,
modernización y mejora de la competitividad orientado exclusivamente a PYME.
Si el objetivo es consolidar la etapa de desarrollo que atravesamos, la
financiación a las PYMI – en condiciones de requisitos, costo, tasa y plazos
compatibles con sus posibilidades - es un imperativo de extrema urgencia.
PYMI y Comercio Exterior
Un aspecto fundamental es resolver la “doble vía”
que se ha instalado en materia de importaciones de insumos, partes y piezas y
materias primas.
Por un lado la Declaración Jurada Anticipada de
Importaciones que se muestra como una demanda empresaria para evitar mayores
costos, no es tal. La presentación de la DJAI no garantiza la posibilidad de
importar los insumos indispensables para la producción.
Menos aún, el modo informal implementado por el
Secretario de Comercio Interior.
Ambas medidas poco hace a una seria, responsable y
sustentable política industrial. Más aún, al agregar nuevas cuotas de
incertidumbre conspiran contra ella y en particular contra las PYME, inhibiendo
posibles inversiones o desarrollos que demanden algún insumo importado.
Nadie duda ya de del importantísimo aporte de las Pequeñas y Medianas Industrias al despegue de las
exportaciones de MOI, sin embargo aún existen temas pendientes.
ä
La pre financiación de
exportaciones, la complejidad de los trámites aduaneros para las PYMI y la
falta de programas específicos de apoyo tanto a la primera exportación como a
la conquista de nuevos mercados que superen el comercio regional.
ä
Debe también desarrollarse
legislación específica en materia de Consorcios de Exportación, mediante la
resolución de las limitaciones tributarias que poseen las Agrupaciones de
Colaboración Empresaria.
ä
La devolución ágil y en los
tiempos previstos de los Impuestos derivados del Comercio Exterior no sólo es
imprescindible por la seguridad jurídica en sí, sino que resulta imprescindible
para darle sustentabilidad a las corrientes comerciales.
ä
Se dispone ya de una
organización de trayectoria y prestigio como lo es la Fundación Exportar ,
a ella debería fortalecérsela para que pueda desarrollar una política activa en
materia de comercio exterior con muchos más recursos y herramientas. La Ley
23.101 es un antecedente de suma importancia y trascendencia que debe ser
reconsiderado, actualizado y nuevamente desarrollado.
ä
Aplicar con mayor rigurosidad
y racionalidad los instrumentos previstos en los acuerdos de la OMC contra la
competencia desleal, (ya sean Licencias No Automáticas, Anti dumping, etc.)
mejorando de modo específico las metodologías de investigación evitando que el
paso del tiempo las conviertan en inocuas.
ä
Creación de un Fondo de
Reparación orientado con exclusividad a PYME conformado por el 50% de los
fondos recaudados en materia de sanciones establecidas por la aplicación de los
instrumentos de la OMC. Se deben incluir las multas recaudadas por la Dirección
General de Aduanas.
ä
Desarrollar ágiles Programas
de Pre y Post financiación de exportaciones PYME.
ä
Creación de un Sistema de
“Compre insumo local con obligación directa de exportación en un producto de
mayor complejidad” con obligaciones similares al régimen de importación
temporaria.
ä
Programa que posibilite la cesión de
mercadería de una Empresa integrante al Consorcio de Exportación en la categoría
“IVA Exento”, dado que los integrantes del consorcio lo entregan al consorcio
únicamente para exportación.
Las PYMI y la inversión
Este proceso no es posible mediante la permanente
auto financiación o utilizando fondeo diseñado para emergencias de muy corto
plazo (descubierto bancario). Para que sea sustentable se requiere, como ya señalamos
un sistema financiero especializado y que de respuesta a la estrategia de
desarrollo deseada por la sociedad.
Es por ello que:
ä
El Estado
Nacional no puede estar ausente o remiso frente a ésta demanda especifica que
requiere instrumentos de orden público que promuevan, apoyen, acompañen y den
sustento a la inversión productiva.
ä El Estado Nacional debería re potenciar su propio
proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que permite la exención del impuesto a las ganancias de las
utilidades impositivas que se reinviertan en la compra, construcción,
fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, durante
los dos períodos fiscales que cierren con posterioridad a la publicación de la
ley.
ä
Debería
darse “status” permanente a la Ley
de Promoción de Inversiones (Ley 25.924) que permite la devolución del Impuesto
al Valor Agregado o la amortización acelerada de los bienes de capital incluidos
en un proyecto de inversión, incluyendo el Fondo de asignación específica para
PYME.
ä
Debería
recrearse una Banca Estatal de Inversión, superando los traumas del pasado,
orientada con especificidad a las PYMI, que permita no sólo un adecuado financiamiento,
sino que permita orientar la inversión hacia los objetivos de política
económica que la sociedad desee.
Un nuevo tema en la agenda industrial: el seguro de
riesgo ambiental y la política de cuencas
Debemos destacar que el tema Seguro Ambiental y sus
temas conexos (que forman parte central de la agenda de la reunión) tales como
la inexistencia de Compañías de Seguros que tomen el riesgo (existe sólo un
Seguro de Caución –que obviamente no es lo mismo) y especialmente la cuestión
de la relación e impacto que en las PYME tiene éste tema.
Para las PYMI la cuestión puede resultar una dura
limitación a su desarrollo y la aparición de cuestiones de competitividad de
mucha trascendencia que pueden empujarla a mercados marginales, muy lejos de
sus aspiraciones o finalmente dejarla afuera.
Más
allá de las dudas del sector asegurador, el riesgo para las PYMI es que éste
nuevo seguro se transforme en una nueva versión de lo que es el de Riesgos del
Trabajo: se paga caro, no se evitan los litigios y finalmente hay que pagar
como si no se tuviera el riesgo cubierto.
A
modo de ejemplo, la demanda de “topes” puede concluir del mismo modo que el
artículo 39 de la ley de Riesgos del Trabajo: ser inconstitucional. Debe
destacarse que la mayoría de los fallos judiciales en materia ambiental se
refieren a interpretaciones del artículo 1113 del Código Civil, que es el
citado en todas las demandas por accidentes o infortunios laborales o que No
sería extraño suponer que dada la importancia del tema, y al igual que sucede
con las ART, las grandes empresas se auto aseguren y que el sistema sea soportado
sólo por las PYMI.
La
cuestión adquiere importancia porque las PYMI serán obligadas por las grandes
empresas, amparadas en fortalecimiento de las exigencias de la Autoridad de
Aplicación) a mostrar la cobertura del riesgo ambiental, sobre todo para las
tercerizaciones o cuando se es PYMI proveedora, y la ausencia de cobertura
puede dar a una discriminación negativa.
Paralelamente
no queda muy claro, para el caso de la
PYMI bonaerense –por ejemplo, como se compatibiliza o se
incluye en dicho polinomio las
inversiones que, en materia de cumplimiento de las disposiciones legales
provinciales cumple la Empresa
(impacto ambiental, etc).
Cabe
destacar que falta de coordinación con las provincias toda vez
que las mismas no participan (no han adherido a la Ley Marco) y disponen de
regulaciones (leyes, decretos, etc) y servicios de control propios con
participación de los Municipios en algunos casos específicos. Debe tenerse en
cuenta que la cuestión medio ambiental genera un costo muy importante para la
habilitación industrial y posteriormente en su gestión siendo una de las
debilidades de la PYMI que resulta difícil tanto de resolver como de prevenir.
Para
decirlo de modo sencillo: la PYMI
debe demandar una activa participación en la definición del sistema para no
quedar atrapada, posteriormente, en una maraña de regulaciones que finalmente
será cara y mala.
En
particular, la provincia de Buenos Aires debe adoptar y dar a conocer como
deberán trabajar las Empresas en materia medio ambiental a efectos de evitar
contradicciones y/o superposiciones con la ley General del Ambiente y los
requisitos que ésta impone.
En tal sentido, y hasta tanto se resuelvan los
temas de fondo solicitamos:
·
se
autoricen otras soluciones e instrumentos (Pólizas de Seguro de Responsabilidad
por Daños al Patrimonio Ambiental) que significan una autentica y verdadera
transferencia de riesgo y que, aunque también de modo imperfecto, contribuyen a
dar respuesta a lo establecido en dicha norma legal
·
la
reglamentación del último párrafo del Artículo 22º de la
LGA en particular en lo que respecta al Fondo de Restauración
que permita a las PYME disponer del instrumento del autoseguros.
